Disculpe las molestias, por la dignidad estamos peleando

En el 2008, el CELS publica el informe “Vidas arrasadas: la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos”. Denuncia de manera categórica la situación de entonces en los manicomios argentinos. Un equipo de profesionales visita las instituciones psiquiátricas entre 2004 y 2007, y documenta las violaciones de derechos humanos que padecían las personas asiladas en Argentina (25 mil por esa época): situaciones de abuso, negligencia, condiciones insalubres, falta de asistencia médica, psicosocial y legal… Constatan que en su mayoría son “pacientes sociales” que carecen de alternativas fuera de la institución.

Esto tiene repercusiones directas en Córdoba. Diferentes actores de la salud mental se empiezan a reunir y conforman la Mesa de Trabajo Permanentemente en Salud Mental y Derechos Humanos. Después de mucho esfuerzo, organización, y trabajo colectivo, el gobierno tuvo aceptar la propuesta -no sin modificaciones. Se promulga en 2010 la Ley Provincial nº 9848 – en sintonía con la Ley Nacional Nº 26657– que, según define la misma, tiene por objeto objeto:

a) El ejercicio del derecho de la población a la salud mental, asegurando su promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación;

b) El acceso de la población, sin ningún tipo de exclusión, a la atención en salud mental servicios adecuados, integrados y conducidos por expertos en la problemática de la salud

c) La atención en salud mental como parte integrante e integrada de los servicios generales de salud.

 

¿Qué lejos estamos, no?

 

Pero como el diablo no sabe por diablo, quienes estaban al frente de esta lucha alguna experiencia tenían en el tema. Inmediatamente empezaron a pensar en cómo iban a exigir ahora la implementación de esta ley. Entre otras acciones crean el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos y promueven la creación de Confluir -“Usuarixs en acción por el derecho a la Salud Mental”-.

Esta es un poco la historia reciente del reclamo que tuvo su momento más visible el pasado viernes 6 de octubre con la 4ta Marcha por el Derecho a la Salud Mental. Es una lucha que tiene densidad, fuerza, y que se asienta en una historia que, en Argentina, nos remite a experiencias de fines de los `50 encabezadas por el Dr. Goldemberg, y en el mundo, a reformas realizadas en países como Brasil e Italia.

Es una lucha no sólo por la dignidad de los usuarixs, sino de todxs lo que formamos el campo de la salud mental. La precariedad laboral y la explotación es moneda corriente en nuestras prácticas, y ni hablar en el caso de los jóvenes. Esto provoca que muchos terminemos haciendo la “opción privada” como única posibilidad de alcanzar salarios que nos permitan subsistir o condiciones deseables de trabajo. En términos muy concretos, la implementación de la Ley implicaría un incremento enorme del presupuesto destinado a prácticas en salud mental con perspectiva comunitaria -en la actualidad, el 80% del presupuesto en Salud Mental se sigue destinando a las instituciones monovalentes. Esto redundaría en esas mejores condiciones de trabajo y atención. Además, lo que se llama trato inhumano en general está acompañado de situaciones inhumanas, de prácticas desesperanzadas. Si logramos que se efectúen los dispositivos alternativos de atención, que se refuerce la promoción y prevención, redundaría en más y mejor trabajo, en más y mejor salud mental.

Esto es bueno saberlo, como también saber que rara vez las cosas bajan en un paracaídas de arriba. La cantidad de intereses y negocios, así como la importancia que tiene en términos disciplinarios, vuelven al campo de la salud mental un terreno en disputa constante. Entre ellas, hay una voz muy clara que es por la que estamos peleando.

 

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