Repasando los avances y cambios en el Código Civil en las temáticas de familia, niños, niñas y adolescentes: ¿el síndrome de alienación parental?

El Código Civil y Comercial de la Nación (ley n°26994) –en adelante CCCN- entra en vigencia desde el 1 de agosto de 2015 en la República Argentina. La principal novedad de este código es que viene a sustituir el código civil propuesto por Vélez Sarsfield, el cual resulta insuficiente al no contemplar las múltiples características de nuestra actualidad (condiciones socio-culturales del siglo XXI) como así tampoco recepta la reforma constitucional del año 1994.

La vigencia del CCCN ha generado un gran impacto y diversas modificaciones. Sin embargo, tomaremos las atientes a los procesos de familia dado que consideramos tienen especial relevancia para los colegas del campo psi. Los cambios acontecidos en este nuevo código se encuentran en consonancia con las legislaciones y convenciones internacionales desde un enfoque que privilegia los Derechos Humanos. El código actual pretende brindar mayores respuestas a las problemáticas sociales actuales, principalmente las referidas a la familia.

Con respecto al ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se aprecia que el CCCN se adecua a las legislaciones ya vigentes en nuestro medio (Convención internacional de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes y Ley n° 26061). Se considera menor de edad a quien no ha cumplido 18 años, adolescente a quien ha cumplido los 13 años y niños/as a quienes se encuentran por debajo de dicha edad. La categoría de adolescente implica efectos jurídicos concretos ya que presupone una madurez para ciertos actos a los que está habilitado (por ejemplo respecto de los tratamientos médicos y el cuidado de su cuerpo).

Un gran avance constituye el ejercicio de los derechos de las personas menores de edad considerando su edad y grado de madurez suficiente para actos en el ordenamiento jurídico. La base de esto es el principio de autonomía progresiva. En esta línea, para concretar este principio es indispensable tener en cuenta el derecho del niño, niña y adolescente a ser oído en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona (art. 26 del CCCN). Para ello, el juez debe proponer una audiencia para oír al niño, niña o adolescente; tener en cuenta sus manifestaciones en función de su edad y madurez y decidir atendiendo primordialmente a su interés superior.

Esto se vincula con el tema de la responsabilidad parental y los procesos de familia. Se elimina el término patria potestad para reemplazarlo por el de responsabilidad parental, entendida como “(…) el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado” (Art. 638).

Se valora la inserción de concretar que la responsabilidad parental se rige por tres principios generales: el interés superior del niño, la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos y el derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez.

En el CCCN se advierten artículos referidos a los progenitores adolescentes. Estos poseen el ejercicio de la responsabilidad parental aunque los padres del progenitor adolescente poseen la capacidad de intervenir cuando consideren la posible existencia de actos que resulten perjudiciales para el niño (art. 644).

A su vez, se enumeran los deberes que poseen los progenitores en relación de sus hijos y se prohíbe expresamente el castigo corporal en cualquiera de sus formas. Se establecen las modalidades de cuidado personal en dos opciones: régimen conjunto alternado (el hijo vive un tiempo con cada progenitor) y régimen indistinto (el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado). El cuidado personal unilateral constituye una excepción.

Se incorpora la noción de plan de parentalidad relativo al cuidado del hijo. Mediante el mismo (cuyo carácter es no obligatorio) los progenitores pueden presentar como propuesta de diversos aspectos como por ejemplo lugar y tiempo en que el hijo permanece con cada progenitor, responsabilidades que cada uno asume, régimen de vacaciones, días festivos, etc. El plan de parentalidad implica un claro avance en la búsqueda de soluciones previas. Se incluye la expresión de “progenitores afín” la cual hace referencia al cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente. En alguna medida, esto da respuesta a la cantidad de familias llamadas “ensambladas” que constituye una organización familiar frecuente en la actualidad.

En los procesos de familia (no regulados en el código previo) posee especial relevancia la participación de niños, niñas, adolescentes y su derecho de ser oídos y su opinión tenida en cuenta (valorado acorde a su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso).

Desde el derecho algunos autores en la actualidad hacen uso de “el Síndrome de Alienación Parental (SAP)” como teoría explicativa y forma de comprensión ante diversos fenómenos observados en los NNA y su participación en procesos de familia. Una obra de referencia en derecho de familia (Mizrahi, 2015) avala el uso del SAP consideándolo de comprobación indiscutible e incluso otorgándole carácter de existencia:

“lo que importa destacar aquí es que esa grave y compleja patología social de alta malignidad, cualquiera que sea el nombre que se le quiera atribuir, existe en la realidad familiar y los jueces la pueden comprobar en su quehacer diario; y así lo demuestran los fallos (…)” (Mizrahi, 2015, p. 673).

Mizrahi (2015) enumera “comportamientos universales” que darían cuenta del SAP, pudiéndose determinar cierto grado o intensidad acorde cada caso (simple o leve, moderado, grave  o severo). Además de ello refiere:

“(…) el SAP, sin dubitación, es una forma de abuso que ejerce el progenitor alientante sobre su hijo; y con el prextexo de ‘protegerlo’ de los ‘males’ que le pueda causar el otro. El niño o adolescente se convierte en un ser ‘programado’, aunque –paradójicamente- su discurso pretende tener la connotación de que constituye el emergente de un ‘pensador independiente’ (…)” (Mizrahi, 2015, p. 674).

Si bien las consideraciones sobre SAP merecen un estudio a parte, es importante mencionar algunas cuestiones.

Primero, el recordatorio de los pronunciamientos científicos nacionales, interancionales, resoluciones de colegio de psicólogos, asociaciones y desarrollos teóricos sobre el rechazo total al falso síndrome de alienación parental[1]; no por una simple cuestión de nombre o “denominación” como argumenta Mizrahi; sino por constituir una pseudoteoría sin aceptación de la comunidad científico internacional.

Segundo, el planteo acerca de certificar la existencia del SAP en descripciones fenomenológicas de comportamientos de los niños que constituye un claro ejemplo de la vuelta a una concepción del niño/a como sujeto pasivo, objeto de intervenciones de parte de los padres; desconociendo su subjetividad, su propia capacidad de autonomía progresiva y determinándolo a ser un mero reproductor del discurso paterno o materno por “influencias maliciosas”.

Nos podríamos cuestionar: ¿el SAP excluye al NNA como sujeto de derechos? ¿exluye su subjetividad al trasnformalo en un objeto a merced de los padres? La concepción del niño como sujeto de derechos, constituye una forma de “enfrentar” al modelo paternalista (tutelar), pero también puede ser analizado como: “un dispostivo que funciona productivamente, tendiente a instalar y reconocer dentro del imaginario social las condiciones para otra niñez y juventud. Produce subjetividad” (Castellano, 2014: 5).

El niño como sujeto de derecho debe ser concebido como “(…) poseedor de un cuerpo que debe ser respetado y por una mente que debe ser comprendida” (Bleichmar, 2005, p. 57). ¿Intentamos comprender al otro, al NNA, cuando al escucharlo estamos pensando que sólo es un vocero, reproductor adoctrinado, de alguno de los progenitores?

El SAP ha sido abordado principalmente respecto de las denuncias por abuso sexual en el fuero penal, pero no debemos pasar por alto que el mismo sea utilizado por los abogados y jueces como intento precario de comprender y/o justificar sus decisiones en los proceso de familia.

Esto implica un postura ética, crítica, la necesidad de que como profesionales brindemos nuestra opinión ante ello. De este modo, como se puede apreciar, a la complejidad de nuestra actividad profesional actual en el marco de las nuevas modificaciones del CCCN que conllevan el interés superior del niño se suma la necesidad del juez de pedir asesoramiento dada la complejidad de la temática[2] y nuestra responsabilidad como profesionales al momento de emitir valoraciones profesionales respecto de ello.

Sobre todo cuando estas valoraciones poseen determinadas propiedades del discurso (haciendo una analogía cono lo estudiado por Foucault en las pericias psiquiátricas) como la posibilidad de determinar directa o indirectamente los fallos de la justicia (más allá de que tenga carácter no vinculante) y su legitimación como discursos de verdad por su status científico (Foucault, 2000). Esto nos involucra directamente a los profesionales de la Salud Mental ya que la preservación y mejoramiento de esta implica una construcción social vinculada a la concreción de los Derechos Humanos y sociales de toda persona (Ley n° 26657).

Bibliografía

Mizrahi, M. L. (2015). Resposabilidad parental. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Astrea.

Castellano, J. J. (Junio de 2014). Los Principios Constitutivos del Niño como Sujeto de Derechos. Dialogar(46), 5-12.

Bleichmar, S. (2005). Vigencia del concepto de psicosomática. Aportes para un debate acerca de la articulación entre lo somático y lo representacional. En A. Maladesky, M. B. Lopez, & Z. Lopez Ozores, Psicosomática: aportes teórico-clínicos en el siglo XXI (págs. 57-74). Buenos Aires: Editorial Lugar.

Argentina. (2010). Ley N° 26657. Ley Nacional de Salud Mental. Buenos Aires: Argentina.

Argentina. (2015). Código Civil y Comercial de la Nación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Infojus.

Argentina. (2005). Ley 26061, PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. Buenos Aires.

Foucault, M. (2000). Los anormales (Primera ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

[1] Véase Resolución de junta de gobierno n° 796/13 del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba.

[2] “Ver CSJN, 14/9/10, “V., M. N. c/S., W. F. s/autorización”, V. 777.XLII, ED 240-635, dictamen de la procuradora fiscal cuyos fundamentos el tribunal hace suyos” (Mizrahi, 2015, p. 414).

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Sobre mi: buscado incansable. De a momentos escritor pero antes lector curioso. Apasionado por la cultura en todas sus formas de expresión. Sobre mi profesión: Lic. en Psicología. Psicólogo Clínico. Psicólogo Forense (Perito Oficial-Poder Judicial-). Correo: pablosalcedo@outlook.com

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