Sobre Salud Mental, Legislación y realidad


Autor:
Dr. Jorge Luis Pellegrini: Médico Psiquiatra, San Luis- Argentina.


Periódicamente reaparecen en Argentina opiniones sobre la Ley 26657, llamada de Salud Mental, volviendo a discutir los contenidos de la misma, lo cual muestra, en primer lugar, que el dictado de aquel instrumento legal careció del necesario debate que permitiera entender los cambios sociales, políticos y disciplinarios que se anunciaban. Los interrogantes, dudas y desconocimientos retornan luego de casi diez años, sin diálogos y con exceso de autos de fe, gracias a los cuales se siguen oponiendo ideologías y disciplinas, en una dinámica amigo/enemigo, que suele traslucir posiciones políticas y partidarias.

En un régimen republicano (artículo 1 de la Constitución Nacional) de división de poderes, las leyes son dictadas por el Parlamento Nacional luego de un período deliberativo previo a su sanción. Luego es otro Poder – el Ejecutivo – quien promulga (o veta) dicha sanción, y eventualmente reglamenta la Ley para su aplicación. Dicha Reglamentación no puede alterar el texto original legislativo. Es decir: la deliberación termina con ese acto. A partir de allí las leyes se cumplen.

Pero esta Ley se sigue discutiendo, y se reiteran desde hace años aclaraciones, reparos y quejas como si ello modificara algo de la situación. En todo caso podrían – y se deberían – monitorear los resultados que el cumplimento de la Ley ha producido, para, si fuera necesario, modificarla luego de un tiempo prudencial de aplicación. Esa reforma sólo puede estar a cargo del Poder Legislativo, obviamente. Pero se suceden declaraciones que confunden e ignoran estos principios de Derecho Constitucional: se habla de Ley, Reglamentación, modificaciones, atribuciones estatales, mezclando todo ello, con el evidente propósito de cristalizar posiciones y confrontaciones políticas cuyo centro – muchas veces –  no son las necesidades de la Salud Pública (aunque se hacen en nombre de ella). Mientras tanto la situación de las instituciones públicas de salud mental no mejora, y las condiciones de vida y trabajo de asistidos y asistentes siguen siendo críticas, pese al esfuerzo de trabajadores, profesionales, funcionarios y ciudadanos.

La condición inexcusable que hace posible el cumplimiento de cualquier Ley, es que, para ello, el Estado destine partidas presupuestarias. Las mismas deben figurar en el Presupuesto anual de Gastos y Servicios, que vota el Parlamento todos los años, en base a un Proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. O sea: los recursos financieros dependen de decisiones políticas que toman esos dos poderes del Estado. A la Ley de presupuesto se la conoce como La Ley de leyes y toda acción de gobierno debe contar – sí o sí – con ese requisito.

Pués bien: desde 2010 (año de su sanción) a la fecha, no hay partida presupuestaria alguna asignada al cumplimiento de la Ley 26657  ¿Qué estamos rediscutiendo entonces? En el Presupuesto (o en su ausencia) es donde mueren las palabras. Y a la vez, se refleja la voluntad política real del Estado de cumplir (o no) con lo sancionado, promulgado y reglamentado.

Otro error recurrente es confundir Ley y Plan de Salud Mental. Muchos trabajos publicados plantean necesidades que la Ley no puede resolver. Es una decisión específica del Poder Ejecutivo que indica un Plan Nacional en conjunto con las jurisdicciones provinciales, sus metas, objetivos, plazos de ejecución, mecanismos de control y seguimiento; evaluación de resultados; formación y capacitación de recursos; provisión de infraestructura; política de recursos humanos, técnicos, y de insumos; etc. Nada de eso existe aunque la Ley 26657 y la Reglamentación lo hayan dispuesto ¿Qué estamos rediscutiendo entonces?

¿Cuál es la realidad? El Gasto en Salud efectuado por el Estado se divide en dos capítulos: el que ejecuta el Ministerio de Salud (hoy Secretaría) y el que ejecutan otros Ministerios (Educación, Defensa, Secretaría General de Presidencia, Seguridad, etc.) En 2019 el Presupuesto anual asignado a Secretaría de Salud es de 45.521 millones de pesos, representando una disminución (a valores reales calculados según inflación) del 36.39 % respecto a 2018. Pero lo asignado a acciones de salud ejecutadas por otros Ministerios más que duplica al área específica: 104.000 millones de pesos. Esta desfinanciación relativa del Ministerio de Salud (hoy Secretaría) comenzó en 2013, y muestra la progresiva pérdida de jerarquía institucional del ministerio dedicado a lo sanitario.

Dentro de ese marco la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones tendría un presupuesto asignado de 1.774 millones de pesos, lo cual no llega al 1 % del total (el art. 37 de la Ley 26657 exige un mínimo diez veces mayor) . De esa cifra el 84 % se destina a monovalentes nacionales (Col. Montes de Oca, Htal. Bonaparte). Insisto: no hay partida alguna asignada a crear o fortalecer los instrumentos fijados por la Ley.

Este breve resumen de la realidad muestra que nuestra primera tarea es analizar los resultados concretos de una década de Ley;  solicitar se verifique la voluntad política práctica y concreta de cumplir con la Ley exigiendo se asigne una partida presupuestaria nacional específica para la ejecución de la misma;  proponer prioridades para ella ;   establecer las formas y medidas en que se articulen Estados Nacional, Provinciales y Municipales (habida cuenta que en estos dos últimos se viene registrando desde 2013 un crecimiento, en términos actualizados, del dinero destinado a Salud) ;  elaborar una Política  de salud Mental que no sólo tome en cuenta recomendaciones de organismos internacionales sino que sea capaz de recoger las ideas exitosas en las diversas jurisdicciones;  proponer un Plan Nacional de Salud Mental nacido de nuestras realidades regionales y locales, sistematizando las mejores experiencias sanitarias actuales.

Poner nuestros tiempos, energías y cabezas en esta tarea común puede ayudarnos a terminar con esta descalificación entre disciplinas (mientras se habla de tarea interdisciplinar); puede sacarnos del discurso ideológico abstracto y dogmático que condena al pensamiento diverso; puede sumergirnos en la realidad para cambiarla con hechos; puede sacarnos de la monótona reiteración de reclamos para meternos en la elaboración creativa de nuevas propuestas practicables;  puede renovar conocimientos desde una praxis útil a los que sufren.

Mi agradecimiento a los compañeros de Córdoba Psi por esta invitación que  expresa la esperanza de aportar algo en la diversidad para fortalecer la imprescindible unidad de quienes amamos la Salud Pública.        


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